Nuestros funcionarios públicos deben entender que, al decidir tomar un puesto público, deben ceder cierto espacio privado. Especialmente con un Gobierno tan corrupto como el de Puerto Rico (e incluyo desde Luis Muñoz Marín hasta hoy). En un ambiente en el cual hay tanto favoritismo hacia los grandes intereses, hay que ser completamente transparente con las actividades del Gobierno.
No solo debería Fortuño detallar toda su agenda al público, sino que todas sus conversaciones deberían ser grabadas. Al igual que nuestros «amigos» en el Senado, la Cámara y cada oficina de cada agencia gubernamental.
Suena un poco drástico y orweliano, pero léeme antes de llegar a una conclusión. Los funcionarios son públicos. Del pueblo. Les pagamos sus salarios y esperamos que cumplan con ciertas responsabilidades. Ése es el trato. Si no les gusta, deberían zambullirse al sector privado. A los empleados del sector privado muchas veces se les graban todas sus acciones en el transcurso del día (un cajero, por ejemplo), o se les vigilan todos sus movimientos en la Internet (cualquiera que haya trabajado en una oficina que tenga un departamento de sistemas te lo puede comprobar). En los casos anteriores, los que sufrirían daños por acciones mal tomadas sería un número pequeño de personas. En el ejemplo del cajero, el dueño perdiría dinero si su empleado le roba y el consumidor pagaría ese costo.
En el caso del Gobierno, sufrimos todos, hasta los mismos funcionarios que «benefician» de su corrupción. ¿No me crees? Cuando Víctor Fajardo, quien le robó millones al Departamento de Educación, salga de prisión, vivirá en un Puerto Rico que es deficiente en Educación ante el mundo. No podrá conseguir trabajo porque la sociedad del tumbe que ayudó a generar no le proveerá esa opción. No podrá transportarse porque el Gobierno no supo cómo implementar un buen sistema de transportación pública. Y es muy posible que, si aún tiene dos o tres millones de dólares escondidos debajo de otro matre cuando salga, el dólar sea una moneda de poco valor y no le dé ni para vivir.
El problema es que los funcionarios públicos se meten al Gobierno para obtener un empleo fácil y no con un compromiso serio con el pueblo. La inyección Federal de fondos en la isla ha logrado erradicar el deseo de voluntadad evolutivo que ha permitido que la humanidad haya sobrevivido tanto tiempo: el establecimiento de lazos comunitarios para resolver problemas y sobrevivir. Es esta voluntad la que ha creado las constituciones, las naciones y los adelantos tecnológicos. La inyección Federal de fondos sólo crea la sociedad del tumbe en la que vivimos, en la cual todo el mundo busca cómo comer del guiso.
Si grabáramos todas las acciones de nuestros funcionarios públicos, desde el Gobernador hasta el cajero en Hacienda, podríamos supervisar, cuestionar y exigir corrección cuando actuen por su bien y no por el del País. Sin embargo, es obvio que esta administración no cree en este tipo de transparencia gubernamental. Siguen el ritual de la otra economía subterranea.
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1 comentario
Estimado
Me llama la atención su comentario. Buscando en google información acerca de la privacidad de los funcionarios públicos es que llegue hasta acá.
Hace unos días aquí en Chile se publico al decisión de nuestro Tribunal Constitucional de declarar inaplicable la ley de la transparencia, en el caso de unos email que debían exhibirse por considerarse públicos los correos electrónicos de los funcionarios. Dicha decisión hace presente que primero esta el derecho que la constitución consagra a todas las personas, que es el de la privacidad, pero ¿hasta qué punto hay que hacerlo respetar? si como ud. lo manifestaba, los funcionarios tienen más limita su esfera de privacidad por la función que cumplen…
Saludos